El portavoz de Compromís en la Diputación, Enric Nomdedéu, ha presentado una moción para que esta institución inste a la Fiscalía a analizar si puede haber ilícitos penales en la compensación de 1.350 millones de euros a la empresa Escal por la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor, frente a las costas de Castellón, y se persone como acusación particular o popular en las diligencias de investigación penal que lleva a cabo este órgano.
Nomdedéu considera que "ante el cúmulo de despropósitos en la tramitación, en las deficientes medidas de protección ambiental, los estudios sísmicos inexistentes y ante la desmesurada indemnización que pretende cobrar Escal, desde la Diputación, como ayuntamiento de ayuntamientos se deben defender los intereses de los municipios de Castellón y de sus vecinos".
Así mismo, mantiene que la "bárbara" indemnización aprobada por el Gobierno central supone un "agravio" para la provincia y que, a su juicio, se debe investigar la cláusula incluida por el anterior Ejecutivo socialista que "obliga a pagarla y también la ampliación del plazo para reclamar la indemnización, acordada por el PP".
Destaca asimismo que, dado que la Diputación fue la primera institución que reclamó el desmantelamiento de Castor, a propuesta de Compromís, la nueva moción de esta formación vuelve a reclamar que se desmantele y "se dé cumplimiento a aquel acuerdo de la corporación provincial, de les Corts y de numerosos municipios afectados".
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